Se apoya para capacitar en control social, teniendo en cuenta que es el derecho y el deber de los ciudadanos participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados para la correcta utilización de los recursos y bienes públicos. (Artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015).
